Un juez federal ha emitido una suspensión temporal de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que congelaba de manera inmediata todas las subvenciones y préstamos federales, una medida que podría haber afectado gravemente a programas esenciales de educación y sanidad que benefician a millones de estadounidenses.
La decisión de la jueza Loren L. AliKhan se produjo minutos antes de que la directiva de Trump entrara en vigor, a las 17:00 horas del martes. La suspensión permanecerá vigente hasta el lunes 3 de febrero, aunque podría ser extendida si la jueza decide emitir una orden de restricción temporal, como lo solicitaron este martes las organizaciones demandantes.
La medida había sido promovida por la administración Trump bajo el argumento de que era necesaria para garantizar que los fondos federales se alinearan con las recientes órdenes ejecutivas del presidente. Estas órdenes incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
Matthew J. Vaeth, director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), precisó en un memorando emitido el lunes que la congelación también afectaba fondos destinados a la ayuda exterior, organizaciones no gubernamentales y otros sectores clave. La pausa ordenada por Trump podría haber retrasado el desembolso de miles de millones de dólares en préstamos estudiantiles y afectado negativamente áreas como la investigación sanitaria, la asistencia alimentaria y la financiación de organizaciones de apoyo a veteranos y personas con discapacidad.
Además, la congelación podría haber obstaculizado la ayuda federal a las zonas afectadas por desastres naturales, como California, devastada por incendios, y Carolina del Norte, golpeada por inundaciones. Trump había prometido apoyo federal a estas regiones durante su visita la semana pasada.
Organizaciones como el National Council of Nonprofits, American Public Health Association y Main Street Alliance han sido las principales demandantes de esta suspensión. Argumentaron que, si bien la administración tiene la libertad de impulsar sus prioridades políticas, estas deben estar dentro de los límites establecidos por la ley. A su juicio, la congelación de fondos propuesta por Trump vulneraba esos límites.
La batalla legal continuará en los próximos días, mientras se espera la decisión definitiva sobre la validez de la orden ejecutiva y su impacto en los programas federales esenciales.
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