La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó fuertes acusaciones contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando a la presidenta del organismo y a varios ministros de utilizar su posición para entorpecer el proceso de elección judicial programado para el 1 de junio de 2025. Según Sheinbaum, estos funcionarios están actuando en contra de la reforma constitucional aprobada por el pueblo mexicano, que establece la elección de jueces, magistrados y ministros del máximo tribunal del país.
Durante su conferencia matutina en Acapulco, Guerrero, la mandataria afirmó que, a pesar de los esfuerzos de la Corte para impedirlo, la elección se llevará a cabo tal como fue decidido por el pueblo de México. “La Corte sigue, con la presidenta y algunos ministros, utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección en el Poder Judicial”, expresó Sheinbaum, mencionando que los ministros han tomado al menos tres acciones directas contra la reforma.
Sheinbaum también se refirió a la situación en torno a la participación de 3,000 personas que, según dijo, el Poder Judicial está impidiendo que participen en el proceso de elección. “Van a dialogar con el Senado para resolver el tema de las 3 mil personas, donde el propio Poder Judicial les está negando la posibilidad de participar”, agregó, asegurando que no existe un argumento jurídico válido para que el proceso haya sido interrumpido.
En cuanto a la reunión solicitada por la SCJN con funcionarios del gobierno, la presidenta Sheinbaum explicó que su objetivo principal era la solicitud de un mayor presupuesto para el Poder Judicial. “No hay explicación para lo que está haciendo la Corte”, afirmó, y criticó que los ministros pidieran más recursos, asegurando que el presupuesto actual es suficiente, y sugirió que, si es necesario, los ministros deberían reducir sus propias prestaciones.
“Ellos están afectando a terceros”, recalcó Sheinbaum, dejando claro su rechazo a cualquier intento de frenar la reforma y la elección judicial, y reiterando que la voluntad del pueblo será respetada en el proceso electoral programado para el 1 de junio de 2025.
