Washington, D.C. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) suspender de manera inmediata su práctica de requisar a pasajeros en aeropuertos y confiscarles dinero en efectivo, tras recibir preocupantes informes sobre posibles violaciones de derechos civiles y prácticas discriminatorias.
La medida fue adoptada luego de que la Oficina del Inspector General (IG), organismo de control interno del Departamento de Justicia, advirtiera que esta política habitual de la DEA podría estar promoviendo abusos. En una directiva emitida este jueves, el IG destacó que durante años ha recibido múltiples quejas relacionadas con estas requisas y que recientemente obtuvo evidencia que respalda la gravedad de las denuncias.
Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentran el uso de perfiles raciales –conocido como racial profiling–, presiones injustificadas sobre pasajeros y posibles violaciones a derechos constitucionales. Según el informe del IG, el programa actual “crea riesgos sustanciales de que los agentes especiales de la DEA y los oficiales de la Fuerza de Tareas lleven a cabo estas actividades de manera inapropiada”. Además, señaló que estas prácticas no solo podrían dañar a viajeros inocentes, sino también desperdiciar recursos en operaciones ineficaces.
Ante esta situación, la fiscal general adjunta Lisa Monaco emitió una orden para suspender las requisas de forma inmediata y anunció que se llevará a cabo una evaluación interna para determinar el alcance de las irregularidades y garantizar que las acciones futuras cumplan con los estándares legales y éticos.
La decisión supone un golpe significativo para la DEA, que ha utilizado esta estrategia durante años como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas. Sin embargo, el hallazgo de que estas prácticas podrían estar violando derechos civiles ha encendido alarmas entre defensores de los derechos humanos, quienes han exigido una mayor supervisión de las acciones policiales en aeropuertos y otros espacios públicos.
El Departamento de Justicia no ha ofrecido detalles sobre cuánto tiempo durará la evaluación interna ni sobre posibles sanciones para los responsables de las irregularidades detectadas. Entretanto, organizaciones civiles han señalado que este es un paso en la dirección correcta, aunque enfatizan que el escrutinio debe extenderse a otras prácticas de la DEA y otras agencias policiales.
Este episodio se suma a un creciente debate nacional sobre el uso del perfil racial y el respeto a los derechos civiles en las prácticas de seguridad, un tema que ha generado críticas a nivel nacional e internacional en los últimos años.
Imágen Cortesía: Marco Bello
