Un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans ha comenzado a escuchar argumentos sobre la continuidad del programa DACA, que otorga permisos de residencia y trabajo a más de 530,000 ‘dreamers’, jóvenes que llegaron a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños. Este programa, establecido en 2012 bajo la administración de Barack Obama, enfrenta una intensa batalla legal tras una demanda presentada por Texas y otros estados republicanos que buscan su eliminación.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revisa la legalidad de una regulación federal propuesta por la administración de Joe Biden en 2021, destinada a proteger DACA. El debate se origina tras un fallo del juez de distrito Andrew Hanen, quien declaró ilegal la medida del gobierno y prohibió la aprobación de nuevas solicitudes, aunque los beneficiarios actuales del programa continuaron bajo su protección.
Los abogados del gobierno argumentan que Texas no puede demostrar un daño tangible causado por DACA. Sin embargo, las autoridades texanas sostienen que los costos educativos y de atención médica de los beneficiarios impactan negativamente sus recursos.
La corte ya ha fallado en contra de DACA en ocasiones anteriores, lo que plantea la posibilidad de que, si se reafirma su ilegalidad, el caso sea elevado al Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora.
Gaby Pacheco, presidenta de TheDream.US, una organización que defiende a los migrantes, alertó que el futuro de los ‘dreamers’ “pende de un hilo”. Felecia Russell, directora de Higher Ed Immigration Portal y beneficiaria de DACA, expresó su preocupación sobre la incertidumbre que enfrenta la comunidad, afirmando que su sustento y seguridad están en juego.
Más de 530,000 personas participan en el programa, con una alta concentración en estados como California, Texas, Illinois y Nueva York. La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata en las próximas elecciones presidenciales, ha expresado su apoyo a DACA, mientras que el expresidente Donald Trump, su oponente republicano, intentó cancelar el programa en 2017 y ha prometido medidas estrictas contra la inmigración si regresa al poder.
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