En la madrugada del 20 de agosto, la candidata demócrata Cecilia Castellano fue despertada por golpes en la puerta de su casa. Dos agentes de la oficina del fiscal general de Texas llegaron para realizar una inspección, entregándole una orden de allanamiento y llevándose su celular. Castellano, quien aspira a un escaño en el distrito 80 de la legislatura estatal, se mostró visiblemente nerviosa durante el incidente, del que dio cuenta a EFE.
Ese mismo día, las autoridades estatales llevaron a cabo redadas en las casas de al menos cuatro activistas y políticos latinos en Texas. Legisladores y líderes de derechos civiles han denunciado estas acciones como una táctica de “intimidación electoral” diseñada para desalentar a los votantes hispanos de participar en las elecciones generales de noviembre.
El Gobierno de Texas, bajo el liderazgo del republicano Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, ha intensificado sus esfuerzos contra el supuesto “fraude electoral”, impulsados por las teorías infundadas del expresidente Donald Trump sobre intentos de votación por parte de migrantes. Las redadas se inscriben en una investigación realizada por la unidad de “integridad electoral” creada tras las elecciones de 2020, cuando muchos republicanos adoptaron la falsa creencia de que los comicios, que llevaron a la victoria del presidente Joe Biden, fueron fraudulentos.
Además de Castellano, los allanamientos incluyeron al líder de los demócratas latinos en Texas, Manuel Medina; a la activista de 87 años, Lidia Martínez; y a Mary Ann Obregón, alcaldesa de una pequeña ciudad al sur de San Antonio. Gabriel Rosales, líder de LULAC (League of United Latin American Citizens) en Texas, acusó al gobernador Abbott de usar su oficina para intimidar a los ciudadanos, especialmente a aquellos involucrados en la política.
Las redadas han sido criticadas por diversos sectores. Según filtraciones al portal The Texas Tribune, Medina y Castellano están bajo investigación por el delito de “cosecha de votos”, un delito en Texas que se refiere a la recolección de una gran cantidad de papeletas de voto por correo. Tras las elecciones de 2020, Texas aprobó leyes más restrictivas sobre el voto por correo, limitando quién puede votar por esta vía y dificultando la asistencia para el llenado y envío de los formularios de votación.
Castellano, que competirá en noviembre contra el republicano Don McLaughlin, sostiene que las redadas tienen un sesgo político, apuntando especialmente a las áreas con alta población latina. En línea con esta preocupación, congresistas demócratas de Texas han solicitado al Departamento de Justicia que investigue estas acciones, temiendo que busquen disuadir a los ciudadanos, especialmente a los latinos, de ejercer su derecho al voto.
LULAC también ha pedido una investigación por parte del Departamento de Justicia y del FBI, denunciando que estas acciones forman parte de un patrón de discriminación contra la comunidad latina en Texas. Rosales concluyó que es crucial exponer la verdad detrás de estas tácticas de intimidación.
Foto cortesía: Anred
