Una mujer española que ha sido víctima de violencia machista enfrenta una creciente preocupación por su seguridad después de que su agresor, que también es su expareja, cambiara de sexo y se registrara como mujer en el Registro Civil. Este cambio de identidad ha permitido al agresor continuar con su comportamiento abusivo y evitar el cumplimiento de una sentencia de prisión, según ha informado la víctima en declaraciones a EFE.
La mujer, cuya identidad se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, ha expresado el miedo constante que siente debido a la persistencia de su expareja, quien ha sido condenado previamente por maltratos y amenazas. La última agresión documentada ocurrió hace poco más de un mes, cuando el agresor, que reside a unos 18 kilómetros de distancia, la atacó en su propia casa. La víctima relata que la agresión incluyó bofetones y un puñetazo en el brazo.
El excompañero de la víctima, quien es el padre de sus dos hijos, fue condenado en 2019 a 15 meses de cárcel por quebrantamiento de condena y amenazas, además de haber cumplido previamente 18 meses de prisión por maltratos a otra pareja. A pesar de la condena firme del 11 de septiembre de 2023 que ordenó su ingreso inmediato en prisión, el agresor ha evadido la cárcel mediante una solicitud de indulto. Además, poco antes de la sentencia, formalizó su cambio de sexo en el Registro Civil, lo cual ha complicado aún más la situación.
Este cambio de sexo ha permitido al agresor alegar que ya no está sujeto a las leyes de violencia de género, y el Juzgado de Violencia de Género se ha inhibido del caso, remitiéndolo a la justicia ordinaria, que aún no ha tomado medidas significativas para proteger a la víctima.
La conocida como “ley trans” en España establece que las agresiones machistas denunciadas antes del cambio de sexo de un agresor se juzgarán bajo la ley contra la violencia de género. Sin embargo, si el delito ocurre después del cambio de sexo, se considera violencia doméstica, lo cual cambia el enfoque del juicio y puede reducir la protección legal disponible para la víctima.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que se perseguirá el uso fraudulento de la ley trans para eludir las penas por violencia de género, aunque ha indicado que tales casos son muy poco frecuentes. La víctima, al enterarse del cambio de sexo de su expareja al intentar denunciar la última agresión, se ha sentido desprotegida y vulnerable, expresando su frustración ante la falta de medidas adecuadas para garantizar su seguridad.
Con videos y audios que muestran el acoso continuo, la mujer ha destacado el control que su expareja ejerce sobre sus movimientos y ha cuestionado por qué debe cambiar su vida para protegerse. La situación ha suscitado un debate sobre la efectividad de las leyes de protección y la necesidad de revisar el marco legal para evitar que los agresores puedan manipular el sistema en su beneficio.
