Grupos de defensa del voto en Georgia, Estados Unidos, están preparándose para enfrentarse a una ley que creen que restringirá el derecho de minorías como los latinos, en un estado crucialmente disputado entre republicanos y demócratas. Hace cuatro años, el presidente Joe Biden sorprendió al ganar en este estado gracias al apoyo de comunidades minoritarias.
A pocos meses de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, estos activistas se están preparando para impugnar una legislación que consideran que “erige más barreras” para los votantes y complica el trabajo de los funcionarios electorales estatales.
Desde las elecciones de 2020, donde el demócrata Biden ganó por un margen estrecho de casi 12 mil votos sobre el republicano Donald Trump, el Legislativo de Georgia, controlado por los republicanos, ha aprobado varias leyes que las organizaciones hispanas consideran restrictivas para el derecho al voto, especialmente para las minorías.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Georgia confirmó que pronto llevarán la nueva reforma electoral, impulsada por legisladores republicanos y promulgada a principios de este mes por el gobernador Brian Kemp, ante los tribunales.
“Planeamos impugnar esta ley, creemos que es una mala política que viola algunas leyes federales”, dijo Caitlin May, abogada especialista en derecho al voto de ACLU.
Georgia, con 16 votos electorales, es considerado un estado clave de cara a las elecciones del 5 de noviembre, después de que Biden se convirtiera en el primer demócrata en ganar el estado desde 1992. Sin embargo, Trump superó a Hillary Clinton en 2016 por un margen de alrededor de 5 puntos porcentuales.
Según activistas de ACLU, la reforma electoral de Kemp dará lugar a “impugnaciones maliciosas e infundadas”.
Entre otras disposiciones, la ley establece que “la dirección postal para fines electorales de cualquier residente del estado que esté sin hogar y sin una dirección permanente será la oficina de registro del condado donde residen”.
Los activistas creen que esto dificultará que los votantes ejerzan su derecho al sufragio.
Andrea Young, directora ejecutiva de ACLU en Georgia, afirmó que la norma conocida como SB-189 requerirá que los funcionarios electorales, ya sobrecargados, dediquen tiempo a procesar impugnaciones innecesarias.
“Como siempre, los funcionarios estatales electos deberían trabajar para facilitar, no dificultar, la votación para los ciudadanos de Georgia. Estamos comprometidos a proteger a los votantes de Georgia y llevaremos al gobernador ante los tribunales”, declaró Young a la prensa.
Para la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), la nueva ley “definitivamente dificulta que los ciudadanos de Georgia voten, especialmente los latinos, los ‘de color’ y los votantes en situación de pobreza”.
“Los cambios de este año y años anteriores tienen un impacto particularmente grande en nuestras áreas densamente pobladas y diversas. Hemos visto cómo este tipo de iniciativas se han utilizado para obstaculizar el acceso de los votantes latinos al ejercicio de nuestro derecho al voto”, dijo Kyle Gómez-Leineweber, director de Políticas Públicas en GALEO, a EFE.
Gómez expresó su preocupación por lo que considera “esfuerzos coordinados” para purgar masivamente a votantes latinos y de minorías de las listas de votantes.
“Junto con nuestros aliados de coalición, estamos considerando el uso de todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que los ciudadanos latinos de Georgia puedan ejercer su derecho al voto, sin importar cuántas barreras se les presenten”, agregó.
