Esta semana, las autoridades federales de Estados Unidos iniciaron la evaluación del impacto ambiental de un proyecto que contempla la construcción de un tercer puente comercial ferroviario, con una extensión de aproximadamente dos kilómetros, entre la frontera de Texas (EE. UU.) y Coahuila (México).
En una reunión inicial llevada a cabo el martes, la comunidad de Eagle Pass expresó su oposición, especialmente preocupada por la posible demolición de algunas viviendas para dar paso a esta obra.
Asimismo, las autoridades locales cuestionaron si los beneficios económicos de este proyecto privado serían comparables a los ofrecidos por los otros dos puentes internacionales, que son de carácter público.
Para avanzar, el proyecto requiere la aprobación de la Junta de Transporte de Superficie (SBT, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la cual llevará a cabo una evaluación de los posibles impactos ecológicos, un proceso que podría extenderse hasta por dos años.
Este proceso incluirá audiencias públicas, la primera de las cuales se celebró en el Centro Internacional de Comercio de Eagle Pass, donde se presentó el proyecto.
La próxima audiencia está programada para el 23 de abril y será virtual.
La agencia federal estará recibiendo comentarios sobre el proyecto hasta el 29 de abril. Este proyecto está a cargo de la compañía Green Eagle Railroad, subsidiaria de Puerto Verde Holdings (PVH), y consiste en la construcción de una línea de 1.3 millas como parte de un corredor comercial para trenes y transporte de carga entre Piedras Negras (Coahuila) y Eagle Pass (Texas).
Mientras tanto, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, inició una gira por Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, y por Texas (Estados Unidos) para abordar temas de infraestructura, flujo migratorio y la controvertida Ley SB4, que autoriza a las autoridades estatales a detener y deportar a migrantes.
Bárcena visitará en Texas las ciudades de El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo para tratar temas de migración, infraestructura fronteriza, comercio y sostener reuniones con aliados estratégicos sobre las acciones que México está llevando a cabo ante la Ley SB4 y otras iniciativas legales antimigrantes, según un comunicado de la Cancillería.
