Una corte federal de apelaciones rechazó este martes por la noche levantar la orden judicial que impide a Texas arrestar y deportar a inmigrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera. El fallo mantiene así en suspenso la ley estatal SB4, impulsada por el gobernador, el republicano Greg Abbott, y que entró en vigor el 19 de marzo por una orden procesal de la Corte Suprema pero fue bloqueada poco después de nuevo por la corte de apelaciones.
Tras el fallo de la Corte Suprema que dio luz verde temporal a la ley, abogados de inmigración entrevistados por Noticias Telemundo criticaron la medida y subrayaron sus peligrosas implicaciones legales. El Gobierno del demócrata Joe Biden intenta bloquear ante los tribunales la ley al considerar que viola la autoridad federal en materia migratoria, perjudica las relaciones internacionales (México se ha pronunciado categóricamente en contra) y complica aplicar la ley en la frontera. Texas argumenta que tiene derecho a actuar ante lo que Abbott ha descrito como una “invasión” de migrantes.
Un juez federal en Texas bloqueó ley a finales de febrero, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió rápidamente esa decisión, lo que hizo que Gobierno federal presentara una apelación ante la Corte Suprema. Éste terminó por desbloquear la ley, pero envió el caso de nuevo a la corte de apelaciones, que la bloqueó de nuevo hasta tomar una decisión al respecto.
La ley permite a cualquier oficial de Texas detener a personas sospechosas de entrar sin documentos en el país. Para poder hacerlo, los agentes deberán tener una causa probable que puede incluir haber presenciado un ingreso ilegal o haberlo visto en video.
Sin embargo, la ley SB4 no podrá aplicarse a personas que se encuentren legalmente en Estados Unidos, incluidas las que hayan obtenido asilo o estén inscritas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).
Los agentes pueden aplicar las aprehensiones en cualquier lugar de Texas, con algunas excepciones. Sin embargo, el representante estatal republicano David Spiller, que presentó el proyecto de ley en la Cámara de Representantes del estado, cree que la gran mayoría de las detenciones se generen en un radio de 50 millas (unos 80 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y México.
Entre los lugares en los que no se pueden llevar a cabo las detenciones están las escuelas públicas y privadas, así como iglesias, sinagogas u otros lugares de culto establecidos. Tampoco podrán tener lugar en hospitales y otros centros de atención sanitaria, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresiones sexuales.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Los oficiales texanos tendrán la facultad discrecional de deportar a los detenidos.
Una vez aprehendidos, los inmigrantes podrán optar por aceptar la orden de un juez estatal de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los que no abandonen el territorio estadounidense corren el riesgo de ser detenidos otra vez y ser procesados por delitos más graves debido a la reincidencia.
La ley establece que a quienes se les ordene salir del país serán enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, sin importar si son o no ciudadanos mexicanos. Sin embargo, el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho que no aceptará a esos migrantes de vuelta a su país.
Anteriormente, ayudar a cruzar o transportar a un inmigrante indocumentado era castigado hasta con dos años de prisión. Con la SB4 esta pena se incrementa a 10 años tras las rejas y el pago de una multa máxima de 10,000 dólares.
En caso de que una persona detenida sea reincidente, la pena podría alcanzar hasta dos décadas de prisión. Para aquellos que sean procesados y condenados por operar una casa para esconder indocumentados, las penas tendrán un mínimo de cinco años.
Pero en las penas serán incrementadas a su máximo, si los delitos ocurren en regiones declaradas como zonas de desastre. La medida también amplia las condenas para otros delitos cometidos durante el contrabando de inmigrantes.
La ley contempla que los arrestados que colaboren con la justicia en una investigación relacionada con la inmigración ilegal, puedan beneficiarse con la reducción a la mitad de su condena.
